Glifosato: ante las dudas en Bruselas, ciudades como Madrid lo prohíben

Sprayed-Earth

Los ciudadanos europeos deciden proteger su salud ante la falta de acción de sus autoridades respecto al glifosato. Mientras, la industria agroquímica se declara “irritada” por la influencia de los ecologistas.

La presión ciudadana ha hecho que aumente la indecisión entre los Estados Miembro sobre la continuidad otros 15 años más del glifosato en Europa.

El origen de la controversia es la diferencia de opinión sobre el potencial cancerígeno del herbicida entre dos de las grandes instituciones de salud mundial: por un lado, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), dependiente de la OMS, que clasificó el glifosato como “probable cancerígeno”. Por otro, la Agencia de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea (EFSA), que considera que el glifosato no supone peligro para la salud.

Ver post “ONGs denuncian a Monsanto y al gobierno alemán por ocultar los efectos cancerígenos del glifosato

Esta falta de consenso científico, junto a la presión ciudadana, ha hecho que países con gran peso específico dentro de la Unión, como Francia, Holanda e Italia, se opongan a la prórroga de la autorización del herbicida. Otros, como Alemania, no han votado por falta de acuerdo entre sus propios ministros de agricultura y medio ambiente o se abstienen por falta de datos concluyentes. En total, a favor de la renovación se sitúan 17 países, que suman 47’8% de la población de la Unión, lejos del 65% necesario para que se renueve la autorización. Como consecuencia, la decisión se ha pospuesto hasta la próxima reunión del comité, probablemente en mayo.

Los representantes de la industria pesticida, están molestos por el retraso en la votación, del que han acusado a los grupos ecologistas. Según Jean-Charles Bocquet, director de la Asociación Europea para la Protección de Cosechas (ECPA en inglés), el lobby que representa los intereses de los productores de agroquímicos en Europa, como Basf, Monsanto, Syngenta, Bayer o Dow AgroSciences o DuPont:

“Nos molesta que los países hayan sido influidos por la presión política del comité ambiental del Parlamento Europeo, las ONGs y el principio de prevención”.

Como la autorización de uso del glifosato finaliza este mes de junio, la Comisión solicitó una ampliación del periodo de autorización de otros 15 años, a petición de la industria pesticida. Tras la falta de acuerdo, lo más probable es que la Comisión presente en mayo otra propuesta modificada, que solicite un periodo de autorización menor al de 15 años y presente una lista de coadyuvantes o co-formulantes que deban ser prohibidos.

Madrid elimina el glifosato

Mientras las autoridades europeas sucumben a la influencia de la industria pesticida, los ciudadanos toman sus propias medidas para proteger su salud y la de su entorno. Madrid ha decidido eliminar progresivamente el uso del glifosato en sus jardines y parques, como ayer felicitó Ecologistas en Acción desde su página.

Ver link a la Nota de Prensa de Ecologistas

El Ayuntamiento de Madrid sigue así el principio de prevención y aprueba una moción contra el glifosato, con lo que se suma voluntariamente a la lista de municipios libres de glifosato, entre los que se encuentran Zaragoza y Barcelona.

Ver nota del Ayuntamiento de Madrid 

Según el informe de Madrid Salud: “si bien en el momento actual su utilización está permitida a nivel europeo, las últimas consideraciones al respecto de su probable efecto cancerígeno, avoca a la consideración del “principio de prevención” por lo que desde Madrid Salud se mantiene el criterio de evitar la utilización de productos fitosanitarios que contengan glifosfatos en el municipio de Madrid, en tanto no se aclare el debate científico al efecto”.

Si estás interesado en que tu localidad haga lo mismo, ponte en contacto con Ecologistas a través de este mail: nobiocidas@gmail.com 

 

TTIP y disruptores endocrinos: material imprescindible.

¿En cuánto valora nuestra salud la Comisión Europea?
¿En cuánto valora nuestra salud la Comisión Europea? Los EDCs cuestan 157.000 millones de € al año a los sistemas de salud europeos.

Los lobbies de la industria química y de pesticidas están utilizando el TTIP como chantaje para seguir poniendo contaminantes hormonales (EDCs, en inglés) en sus productos.

Así de contundente se expresó la semana pasada la periodista independiente Stéphane Horel, especializada desde hace diez años en la investigación de la influencia de los lobbies empresariales en la Comisión Europea a la hora de legislar sustancias tóxicas, en particular los disruptores endocrinos.

El objetivo actual de los lobbies es retrasar la definición de criterios de los disruptores endocrinos, esperando a la posible entrada en vigor del TTIP, con el que no se prohibirían estos tóxicos en ningún producto: al no estar legislados en EEUU, su control en Europa sería considerado como una traba al libre comercio.

Para retrasar la definición de los criterios de los disruptores endocrinos, paso necesario para prohibirlos, multinacionales como Bayer, BASF o Syngenta convencieron a los Comisarios de la necesidad de realizar un estudio de impacto socio-económico. Para estas corporaciones, la prohibición de los EDCs supondría pérdidas; para la población europea, la presencia de EDCs en nuestros productos cuesta 157.000 millones de euros al año a los sistemas de salud por cuidado de enfermedades relacionadas, como cáncer de mama, tiroides, próstata, etc. Y este cálculo es conservador.

Durante varios años, la estrategia de los lobbies ha tenido éxito: El Parlamento Europeo dictaminó en 2009, que se debía retirar del mercado cualquier pesticida con efecto sobre el sistema endocrino. Para ello, se necesitaba una definición, unos criterios, de qué se considera disruptor endocrino. Estos criterios fueron elaborados por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión en 2013. Pero la estrategia industrial ha conseguido que, siete años más tarde, no exista regulación para los EDCs.

Según Horel,

“No es un problema de consumidores. Es un problema político. Es un problema institucional y democrático, desde el momento en que los políticos trabajan para los lobbies empresariales en lugar de para los ciudadanos”.

La falta de actuación de la Comisión ha sido tan exagerada que el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y cuatro países miembro (no, España no está entre ellos) han llevado el caso al Tribunal de Justicia Europeo. Según fallo del Tribunal este pasado diciembre (ver post), la Comisión, guardiana de los Tratados, ha violado la ley. Ante este fallo, el Comisario de Salud ha anunciado que acatan la sentencia pero…  “seguirán haciendo lo que creen que deben hacer”.

Es importante que actuemos como CIUDADANOS para forzar a la Comisión que adopte los criterios de definición de los disruptores endocrinos. De no ser así, estos contaminantes pueden mantenerse en nuestros productos y nuestro entorno por lo menos otros 20 años más, ya que este tipo de decisiones son muy difíciles de modificar, una vez tomadas.

Por suerte, cada vez más medios de comunicación y partidos políticos están interesados en los EDCs. Como ejemplo, a la presentación del trabajo de Horel en Madrid vinieron miembros de Izquierda Unida, Podemos, Compromís, UPyD y mostraron interés en participar, y aunque finalmente no pudieron, miembros de PSOE y Ciudadanos. Ahora, necesitamos llevar el debate a la calle.

Material sobre “Un Asunto Tóxico”

La actuación de los lobbies queda perfectamente definida, casi como en un diario, en el informe “Un Asunto Tóxico” que podéis consultar aquí.

Informe   “Un Asunto Tóxico”

También podéis ver las presentaciones que realizó Stephane Horel en Madrid y Barcelona, invitada por Ecologistas en Acción.

Vídeo de la presentación en Madrid

La visita de Stephane Horel y el tema que investiga han despertado una gran expectación en los medios de comunicación. Aquí os dejamos links a algunas de las entrevistas más interesantes.

Artículo en La Marea

Artículo en Agencia EFE

La Contra de La Vanguardia